La Ley de Tasas: un nuevo recorte de derechos fundamentales

Autor(es): 
Luis De Los Santos y Pastora Filigrana

Tras su aprobación con carácter de urgencia por las Cortes Generales, el Ministerio de Justicia publicó en el BOE del pasado día 21, para su entrada en vigor al día siguiente, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Las tasas no son una herramienta extraña en nuestro sistema judicial, ya fueron aprobadas en su día por el Gobierno de José María Aznar, aunque solo reducidas a empresas. Aunque el verdadero camino lo abrió en anterior Gobierno del PSOE, instaurando unas tasas, que aunque asumibles por la gran mayoría, abrían la justificación a la actual ley aprobada.

La novedad de esta ley consiste básicamente en abonar unos precios desorbitados, a los ciudadanos no beneficiarios de la Asistencia Jurídica Gratuita, en los órdenes civil, contencioso administrativo y social, que quieran interponer una demanda en defensa de sus derechos, lo que en la práctica no hará rentable económicamente el acudir a los tribunales, ya que puede que lo que se solicita sea menor o igual a la tasa a abonar.

En el actual estado de emergencia social y habitacional en el que nos encontramos, y en el que todos los derechos fundamentales y sociales han sido recortados (sanidad, educación, vivienda y prestaciones sociales) y en concretos algunos cuasi eliminados (véase la Ley de Dependencia), era de esperar que le llegara el turno a la maltrecha Administración de Justicia. Desde el propio Preámbulo de la Ley se justifica dicha necesidad en la necesidad de racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que mejorar la financiación del sistema judicial en su conjunto y el de la asistencia jurídica gratuita en particular

En cuanto al primero de los motivos es decir, la racionalización en la utilización de los tribunales se solucionaría de una manera tan sencilla como en primer lugar dotar de recursos suficientes al poder judicial para atender todas las necesidades ciudadanas. El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución y no puede ser recortado con excusas económicas de ninguna índole.

 En segundo lugar en cuanto al exceso de litigiosidad, habría que decir lo siguiente; El exceso de litigiosidad es consecuencia directa de las distintas políticas ejercidas por los sucesivos gobiernos, y en particular desde el comienzo de la crisis. Por culpa de la política migratoria del gobierno y el aumento de infracciones a los migrantes se han colapsado los juzgados de lo contencioso. Por culpa de las diferentes reformas laborales y de recortes sociales a las trabajadoras se han colapsado los juzgados de los social con Eres, despidos, reclamaciones de cantidad, ¿y qué decir de las ejecuciones hipotecarias?. La actual legislación hipotecaria favorable a los bancos ha provocado que éstos colapsen los juzgados de primera instancia. En lo penal, el aumento de la represión y la crisis económica está produciendo un aumento y abuso de este orden jurisdiccional, provocada directamente por el estado. Sobre los ciudadanos y ciudadanas recaerán, una vez más, las estafas producidas por otros.

En cuanto al maltrecho turno de oficio, para quienes no lo conozcan se han reducido, en concreto en Andalucía un 10% las retribuciones ya de por sí ridículas, se ha eliminado, desde la Consejería de Justicia, el derecho a la asistencia de las personas presas. Pero es que además la Asistencia Jurídica Gratuita se financia con los impuestos de todos, al igual que la sanidad. Entonces ¿para qué una tasa judicial? La imposición de esta tasa va acorde con el resto de recortes en otras áreas: se pretenden unos servicios públicos de mínimos para las personas económicamente muy pobres, y para el resto unos servicios privatizados o por los que hay que pagar, a semejanza por ejemplo de la sanidad en algunos países de Norteamérica.

Desde diferentes colectivos de juristas, abogados, jueces y fiscales tenemos la responsabilidad profesional y política de plantear cuestiones de constitucionalidad en las demandas  que se presenten, al objeto de que se esta norma se declare inconstitucional, pero no solo desde ellos, sino que la ciudadanía debe rebelarse contra una norma injusta y contra la que tiene el deber de rebelarse y exigir su no obediencia. Ninguna tasa puede impedir el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, máxime cuando son otros los que obligan a la gran mayoría a acudir a los tribunales en defensa de los derechos que nos usurpan. El negocio perfecto, diría un banquero.