LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA: UN FALSO DEBATE

Imagen: Eneko

Autor(es): 
Jarsia Abogados

Artículo publicado en Diagonalnº 214 del 16 de enero al 29 de enero de 2014).

El pasado 10 de diciembre aparecía publicada en el Boletín de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, aprobada en la Comisión de Interior con los votos de PP, PNV y CIU. Dicha ley cuando sea aprobada sustituirá la del año 1992 con sus diferentes modificaciones, y cuya principal característica radica en quebrar con un principio básico instaurado desde la creación de los estados modernos como es el monopolio de la violencia por parte de los poderes públicos. Los motivos ideológicos para legislar sobre esta materia son claros: por una parte la crisis económica que hace adelgazar la estructura del Estado y reducir costes (el Estado español es uno con los mayores números de funcionarios de policía y con menos tasa de criminalidad), y por otro lado, es que la seguridad pública ni puede ni debe abarcarlo todo, reservándola para otro tipo de conflictos.


Con el nuevo Proyecto de Ley, en su capítulo II se amplían, vulnerando claramente el principio de seguridad jurídica, las competencias, ámbitos de actuación y  funciones de los servicios de vigilancia y protección privadas. Así, se amplían los supuestos de sus espacios de intervención en la vía pública: “la vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma”; “los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección”; y “aquellos servicios de vigilancia y protección que lo requieran por su propia naturaleza y desarrollo”. Por otro lado abre la intervención privada incluso en establecimientos de seguridad pública como en los CIES, en los establecimientos penitenciarios y en cualquier edificio público. En cuanto a sus funciones éstas se amplían notablemente, creando servicios “parapoliciales”. Así el artículo 32 del citado proyecto establece que los vigilantes podrán solicitar la identificación de la ciudadanía, denunciar infracciones administrativas recogidas en las ordenanzas cívicas o en la nueva ley mordaza, incluso practicar detenciones, limitando el interrogatorio a cuestiones filiatorias. Asimismo a los escoltas se les permite realizar actos que impidan la libre circulación, identificar y detener, incluso en la vía pública, siempre que resulte imprescindible como consecuencia incluso de lo que considere un intento de agresión. Como se observa se van introduciendo técnicas jurídicas, anteriormente aplicables solamente a la seguridad pública, que aplican una amplia discrecionalidad jurídica para así poder introducir espacios de arbitrariedad. Seguramente esta técnica legislativa se irá ampliando en futuras reformas para equiparla a la propia policía y así ampliar los espacios de impunidad de estos cuerpos.
 
Con todo este panorama el debate parlamentario y político de la oposición, se ha centrado únicamente en defender el modelo clásico de seguridad pública frente a un nuevo modelo de seguridad privada, en la escasa formación de dichos trabajadores para ejercer las nuevas funciones, y en el que el objetivo siempre será económico frente al supuesto bien social que debe regir en la seguridad pública. Sin embargo el debate debería ser el propio cuestionamiento del modelo actual de seguridad. Parece que la tendencia es que las funciones principales de este modelo de seguridad es que se cree una policía pública para cuestiones de Estado y cuestiones políticas que cuestionen al modelo socioeconómico capitalista, y una policía privada con funciones residuales, que recoja el cajón desastre de infracciones administrativas o delitos menores y que deben pagar los particulares si quieren mantener esa paz social. Esta aprobación de la ley debe ser una oportunidad para debatir y cuestionar si queremos este modelo de seguridad, basado en una ausencia de garantías de derechos, en la impunidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la creación de ficheros ideológicos o en el aumento de la tortura y malos tratos y la muerte en prisiones. Un nuevo modelo de seguridad, imposible en los actuales parámetros socioeconómicos debe basarse en políticas que promuevan los valores de solidaridad, cooperación, igualdad, justicia y compromiso con la liberación del ser humano y en la erradicación de todas las formas de opresión, explotación y exclusión, y en el que los distintos cuerpos de seguridad sean instituciones humanistas, imparciales, transparentes y confiables. Este es el verdadero debate que nos quieren ocultar.

Por Luis Mª de los Santos y Pastora Filigrana, socias de la Cooperativa Jarsia Abogados