BREVE ANALISIS SOBRE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA REPRESION

Autor(es): 
Jarsia Abogados

(Artículo publicado en Diagonal nº 193)
La represión violenta del Estado siempre ha existido contra los que el poder considera enemigos. La disidencia política siempre se ha encontrado entre estos “enemigos” del poder y por tanto siempre ha sido un sujeto a reprimir. Conforme, a partir del desarrollo capitalista, la acumulación de riqueza en menos manos se hace más aguda, y son más las que se sienten fuera del “estado de bienestar,” la protesta aumenta y la respuesta “lógica” es más represión y violencia por parte del Estado.
Desde el 15 de mayo de 2011, las imágenes de violencia policial y detenciones arbitrarias han salido del imaginario de la izquierda radical y del sindicalismo de base y combativo, para convertirse en portada de medios de comunicación y pasar a formar parte del imaginario de la amplia ciudadanía.


Esta represión contra personas que salen a la calle a ejercer el derecho a la protesta no violenta toma forma a través de denuncias por delitos contra el orden público, detenciones, violencia policial y, en su expresión más leve, multas administrativas.
Las identificaciones y detenciones masivas en protestas ciudadanas suelen acompañarse de un alto número de denuncias por delitos contra el orden público: destacando atentado a la autoridad, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos. Estos delitos contemplan en general penas inferiores a los dos años de prisión y por tanto suele ser trocada por penas multas. Las penas multas y las sanciones administrativas por ejercer el derecho a la protesta no violenta son un castigo desmovilizador, ya que suelen ahogar la economía de las personas a las que se impone. En el mejor de los casos las personas afectadas se organizan creando cajas de resistencia colectivas, lo que desvía mucha energía de la protesta activa a una mera resistencia contra la represión.


El delito de atentado a la autoridad merece especial atención. Cuando se ha llevado a cabo una carga policial que ha producido lesiones y detenciones, las víctimas suelen ser denunciadas por atentado para justificar la necesidad del ejercicio de la violencia por parte de los agentes. Si las víctimas interponen denuncias por las lesiones, la probabilidad de ser denunciadas por atentado aumentan hasta el 95% de los casos, según los últimos informes de la Coordinadora Estatal contra la Tortura y los Malos Tratos (CPT).


Las denuncias por delitos contra el orden público suelen acabar en sentencias bastantes rebajadas con respecto a los atestados policiales que la originan por falta de pruebas para demostrar el delito. Es común que las denuncias por resistencia y desobediencias terminen en faltas en lugar de delitos, o las imputaciones por atentado a la autoridad se conviertan en resistencia, cuya pena es inferior. No obstante, pese a sentencias “suavizadas,” la criminalización y represión ya han surtido su efecto desmovilizador.


Sin embargo, las denuncias de ciudadanos que han sufrido lesiones en las cargas policiales y detenciones suelen tener peor final y, según los informes anuales de la CPT, sólo suele prosperar un 5%, de los cuales menos de 1% culminará con la condena a un agente policial.
Esta situación se agrava cuando el gobierno anuncia un aumento de las penas de prisión para los delitos de resistencia no violenta a la autoridad y una ampliación de los hechos que se consideran delitos contra el orden público. Esto podría traducirse en un aumento del número de personas presas en un estado donde ya se registran los número más altos de Europa en cuanto a población penitenciaria.


Un Estado Democrático y de Derecho se caracteriza por el ejercicio de derechos fundamentales como el de asociación y manifestación, y más cuando las reivindicaciones no van más allá del cumplimiento de la legalidad vigente. La desobediencia a futuras leyes represivas de derechos fundamentales es la única herramienta para salvaguardar una Sociedad Democrática y de Derecho para todas y todos.
 
 Pastora Filigrana y Luis de los Santos, socias de la Cooperativa Jarsia Abogados